Quien responde juridicamente por los desastres naturales? Responsabilidad patrimonial extracontractual del estado.

Por: Camilo Delgado.

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Cuando ocurre un desastre natural por deslizamiento o avalancha como recientemente ha ocurrido en el país con los casos de Mocoa y Manizales se generan cientos de víctimas que por obra del destino en complicidad con la imprudencia de las ocupaciones humanas, la negligencia de los entes administrativos del estado encargados de la evaluación y prevención del riesgo ambiental y la inclemencia de las fuerzas de naturaleza; configuran un panorama perfecto para que sobrevenga la desgracia y se activen las alarmas sociales en cuanto a la asistencia a los damnificados producto del siniestro que en el caso de estar asegurado el inmueble o la persona tendrá una reparación ya que se ha concretado el hecho generador del daño cubierto por la póliza que determina el nacimiento de la prestación de las aseguradoras.

Por otro lado estan las personas que no tenian un seguro de vida al igual que las viviendas que no estaban cubiertas por la póliza aseguradora frente a eventos catastroficos acaecidos por causas naturales, estas personas tienen la posibilidad jurídica de intentar una indemnizacion a travez de demostrar la responsabilidad extracontractual del estado por daños con ocasión de desastres por deslizamiento, avalanchas, terremotos, erupciones volcánicas, incendios e inundaciones entre otros, se configura solo si la causa determinante del siniestro fue la fuerza propia de la naturaleza, que para el caso de Manizales fue el volumen de lluvia de 155 mm3 en 4 horas, habría una circunstancia de fuerza mayor que en principio exoneraría al Estado de responsabilidad por falla en el servicio pero que si es visto desde otra perspectiva debe tenerse en cuenta que allí en el sector de aranjuez ya se habían presentado deslizamientos y movimientos de tierra en temporadas de lluvia anteriores por lo que se puede hablar de una  omisión del principio de previsión contenido dentro del régimen sancionatorio ambiental ley 1333 de 2009 , ya que hubo un lapso de tiempo (años) en el cual se tendría que haber evaluado el impacto del evento natural sobre el barrio Aranjuez y demás (por solo hablar de uno de los casos mas graves) y determinadas las implicaciones probables en el caso de la concurrencia de fenómenos como el invierno, para establecer la existencia de riesgos para los habitantes del sector hoy damnificados.

Si no se hizo ese diagnóstico y no se tomaron las medidas preventivas y correctivas pertinentes, entonces sí se podría llegar a plantear un escenario de responsabilidad patrimonial a cargo del Estado”.

en vista de una figura ágil, y dinamica en el contexto de atención y ayudas de emergencia por desastres naturales, encontramos que el medio idóneo de defensa judicial es la acción de tutela, pues agotadas las instancias gubernativas (derecho de petición) sin una efectiva solución, las circunstancias se tornan apremiantes y la respuesta debe ser oportuna, so pena de resultar tardía. (Sentencia T-683/12 Corte constitucional)

Ahondando en el concepto de vivienda digna, la jurisprudencia constitucional[1] ha señalado los requisitos que tal definición implica, entre ellos: i) habitabilidad, es decir, que la vivienda cumpla con los requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio necesarios para que una persona y su familia puedan ocuparla sin peligro para su integridad física y su salud[2]; ii) acceso a los servicios básicos; iii) ubicación de fácil acceso; iv) adecuación cultural a sus habitantes; v) asequibilidad[3]; vi) gastos soportables; y vii) seguridad jurídica en la tenencia.

[1] Especialmente determinados en las sentencias T-467 de junio 9 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-585 de julio 27 de 2006, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

[2] T-585 de 2006, en cita, no se encuentra en negrilla en el texto original.

[3] Indicando la sentencia T-585 de 2006, en cita, que debe darse prioridad en los programas de acceso a la vivienda a las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas de alto riesgo y los desplazados por la violencia.

Sin embargo, la responsabilidad ambiental soportada por la responsabilidad patrimonial del estado consagrada en el artículo 90 superior, circunscribe al estado como organización política y social y le deposita el deber constitucional de responder por los daños antijurídicos, para el caso de mantener un medio ambiente sano bien sea con medidas preventivas, restaurativas o sustitutivas frente a un eventual desastre

Aún más, pese a esta última conclusión, no se cierra las puertas a una posible indemnización del Estado (municipio) frente a las víctimas de los deslizamientos, teniendo en cuenta el principio de solidaridad. De esta manera, si no se puede probar la responsabilidad del Estado por falla en el servicio, el principio de solidaridad podría ser un camino para indemnizar a los damnificados.

de otro lado tenemos el mecanismo de control conocido como acción de reparación de los perjuicios causados a un grupo (antigua acción de grupo) desarrollada e introducida al ordenamiento por la ley 437 de 1998 y contemplada recientemente como medio de control frente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el artículo 145 del CPACA o ley 1437 de 2011 figura jurídica que permite intentar ante el juez administrativo o si no es un ente estatal ante el juez civil del circuito competente por factor territorial de acuerdo al lugar donde ocurrió el hecho generador del daño, debidamente demostrado el nexus causal ya sea por acción u omisión de las autoridades encargadas de ejercer las acciones pertinentes para la protección de los habitantes de los sectores que ya habían sido en el pasado considerados en riesgo inminente de deslizamiento.

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